Desde la Confederación de la Sociedad Civil, las entidades hacen propuestas para que los legisladores tomen medidas para achicar la fuerte brecha social y para afianzar el funcionamiento del tercer sector.
Son el mejor termómetro social, pero también las encargadas de calmar los incendios de las llamas de la vulnerabilidad. Encargadas de curar las heridas abiertas por la desigualdad social, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se ponen al hombro los cuerpos agobiados por la necesidad y los cargan sin importar el cansancio. Pero su labor no se agota ahí: con la idea de darle escala a la premisa de vida digna para todos, el llamado tercer sector también se fue abriendo camino en la formulación y el monitoreo de las políticas públicas.
Con este objetivo, la Confederación de la Sociedad Civil -que representa un valioso espacio para catalizar y potenciar al sector social, al facilitar la convergencia de miles de organizaciones y redes ciudadanas que funcionan en nuestro país- presentó recientemente la Agenda de la Sociedad Civil, conformada por aportes de numerosas organizaciones que reflejan las capacidades y experiencias de muchos años de trabajo, así como la diversidad y riqueza de las temáticas abordadas.
Esta verdadera agenda ciudadana muestra, además, la genuina vocación del sector social para aportar propuestas concretas para que, de una vez por todas, puedan transformarse las múltiples iniciativas en acciones concretas.
Pero, ¿cuál es la situación del sector social en la Argentina de hoy? Para empezar, según una investigación realizada por la Confederación de la Sociedad Civil, el 90% de las entre 80.000 y 120.000 OSC de la Argentina funciona en la informalidad.
"Muchas organizaciones de base, barriales y de comunidad no cuentan con personería jurídica, en gran medida por los costos que ello implica, largos e interminables trámites y las obligaciones de presentaciones de balances, declaraciones juradas y tasas que muchas veces son imposibles de afrontar. Eso las coloca en un pie de desigualdad con las que sí poseen personería, limitando sus acciones y ampliando la responsabilidad de quienes la integran. Sería muy importante poder acordar con los organismos de contralor métodos simplificados, ágiles y menos onerosos para las entidades más nuevas y de bajos recursos. Esto permitiría acompañar y fortalecer a esas entidades que por pequeñas no son menos indispensables en la comunidad", explica Isabel Friz, contadora y consultora en entidades sin fines de lucro.
Para Guillermo Canova y Gabriel Astarloa -ambos consultores de la Confederación de la Sociedad Civil en temas de marco legal y fiscal-, después de 30 años de intenso crecimiento del sector, los poderes públicos deben incorporar un nuevo paradigma, más allá del control, que es el del fomento, aliento y promoción de las organizaciones sociales.
Algunos de los problemas legales del sector que ellos identifican son la excesiva burocracia, demora y costos para la concesión de la personería jurídica; la superposición de controles; el atraso en la declaración de la exención de impuesto a las ganancias por parte de la AFIP; la falta de incentivos a las donaciones; la prohibición a las fundaciones de efectuar actividades comerciales para recaudar fondos y la imposición de cargas injustas, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios, entre las más destacadas.
En esta misma línea, Friz sostiene que el Estado debe controlar el accionar del sector, pero ese control de ningún modo puede ahogar o imposibilitar el acceso a su correcta inscripción en la AFIP, y obtener su CUIT y su reconocimiento exentivo. "Esto es esencial para acceder a donaciones de empresas y particulares, que les brindarían los recursos para el cumplimiento de los objetivos. Es prioritario consensuar con las autoridades de control fiscal medidas lógicas y posibles de cumplir, sobre todo para las entidades más pequeñas, sin renunciar al control que se debe ejercer", aclara la contadora.
Con objeto de incluir la mayor cantidad de OSC en la formalidad, Cánova y Astarloa proponen que un gran número de organizaciones pueda inscribirse bajo otra forma asociativa, más sencilla, acorde con su tamaño y movimiento económico. "Una posibilidad sería la utilización de la Simple Asociación, figura ya contemplada en la normativa civil, pero que al no contar con una reglamentación adecuada, prácticamente no se usa. Es una pena que la reforma al Código Civil no haya contemplado de manera adecuada una figura para permitir la formalización de esa gran masa crítica de actores sociales que están condenados a continuar operando sin reconocimiento legal ni beneficios fiscales", explica.
MENOS CARGA IMPOSITIVA
En relación a la gran carga impositiva que padecen las organizaciones sociales, los especialistas señalan que tal como sucede en países más avanzados se podría habilitar a la AFIP a declarar la exención en forma provisional en el momento de la solicitud, si se verifican los requisitos formales básicos: si hubiera observaciones sustanciales se exigirá su cumplimiento según medidas administrativas razonables; si vencido cierto plazo no hubiera declaración oficial contraria (quedando abierta la vía judicial), la exención sería plena, renovable por períodos de dos o tres años.
Si se tiene en cuenta que casi la totalidad de las OSC funcionan gracias a donaciones o fuentes de financiamiento externas, es fundamental rever el incentivo a este tipo de desembolsos. "Las leyes fiscales vigentes limitan seriamente la deducción y el monto de donaciones que las personas y empresas pueden hacer. Son muy pocas las que pueden recibir donaciones que el contribuyente pueda deducir. Y además la legislación vigente le prohíbe a las fundaciones, bajo pena de pérdida de la exención impositiva, realizar actividades lícitas comerciales como fuente de financiación de sus acciones de bien común. Es prioritario trabajar mancomunadamente con los legisladores para generar mejoras en este aspecto. Sin duda habrá que analizar el impacto macro en la recaudación que esta mejora generaría, pero estoy absolutamente convencida de que el sector podría usar esos fondos con eficiencia y óptimo impacto social", afirma convencida Friz.
Para paliar la baja en las donaciones empresarias y de particulares, y la reducción de los montos asignados al financiamiento internacional, las OSC han tenido que recurrir a la creatividad y la capacitación para poner en marcha empresas o emprendimientos sociales con los que consiguen mantener a flote sus actividades. Sin embargo, al actuar así están al margen de la ley, sin derecho a mantener la exención de ganancias, tal como lo establece la ley de impuesto a las ganancias, en el 2º párrafo del inciso f. del artículo 20, incorporado por la ley 25239 del 30-12-99.
"Estas actividades deben permitirse dentro de parámetros adecuados, más allá de los legales, teniendo en cuenta que no interesa el origen de los fondos (siempre que sea legítimo, como una compraventa), sino el fin al que se destinan: el objeto social", explican Cánova y Astarloa.
Otro obstáculo para el pleno funcionamiento y desarrollo de las organizaciones sociales son las cargas impositivas injustas, como el impuesto a los créditos y débitos bancarios. "En estos años, el sector social y el Estado han trabajado mucho en la transparencia, el control y la bancarización de las operaciones de nuestras organizaciones. Tanto para la recepción de donaciones y aportes como para el pago de todos los gastos, sin embargo todavía se sigue gravando con impuesto a los débitos y créditos bancarios a estas entidades. Si bien es un impuesto de fácil e importante recaudación, prorrogado año tras año, es vital encarar su reducción a cero en el sector. Suena ilógico premiar a las entidades transparentes con un impuesto que reduce aún más sus recursos", dice Friz.
Por último, para Cánova y Astarloa las personas que trabajan en relación de dependencia en las OSC lo hacen bajo un marco laboral que no es propio de este sector, y es necesario hacer adaptaciones. Estas propuestas ayudarían a que haya más OSC en condiciones de operar de forma eficaz y así poder cumplir con sus fines de promoción social, educativa, de derechos humanos, etcétera.
"Para llevarlas adelante se requieren reformas de tipo legislativo (a través de leyes nacionales y provinciales) y otras de tipo administrativo, en las diversas dependencias que tienen jurisdicción sobre estas entidades (IGJ, AFIP, etcétera). Existen varios proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional provenientes de diversas corrientes políticas que nos parecen apropiados, más allá de que existan algunos aspectos menores en los que podemos discrepar", sostienen.
El año 2015 impone el desafío de concientizar a las autoridades y los legisladores de la importancia del sector, facilitar su acceso a registración legal y fiscal, y generar medidas legislativas que incentiven su crecimiento y obtención de recursos sin los cuales están condenadas a su extinción.
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