Para Unicef, ADC y Colectivo Infancia, hace falta cumplir efectivamente con lo establecido por la ley 26.061 en todo el país y asegurar la protección integral de todos los menores.
El Estado argentino sancionó en octubre de 2005 la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (reglamentada por los decretos 415 y 416/06). Con la nueva ley se buscó adecuar la legislación interna del país a los parámetros establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales.
A 9 años de la sanción de dicha ley, LA NACION consultó a diferentes referentes sociales sobre los principales desafíos que enfrenta nuestro país en esta materia.
"Los principales temas pendientes de hoy no pasan por reformas legislativas. El foco debe estar en la ejecución de políticas públicas que hagan cumplir esa legislación", opina Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC, www.adc.org.ar).
A modo de ejemplo, explica que "hoy por hoy se entregan planes sociales y nadie controla si se cumplen los requisitos legales de asegurar la escolaridad del chico y la preservación de su salud, objetivos para los cuales fueron creados". Otro caso testigo para Sozio es el de la doble escolaridad: "Si bien hace varios años la misma se convirtió en ley en la provincia de Buenos Aires, actualmente solo el 20% de las escuelas tiene doble escolaridad. Hace falta voluntad política para buscar la manera de implementar la ley venciendo los obstáculos que se presentan para que se haga efectiva", reclama.
Asimismo, Facundo Hernández, de la entidad Colectivo Infancia (www.colectivoinfancia.org.ar) opina que es necesario abocarse a mejorar sustancialmente el sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que debe establecer los medios para asegurar el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y demás tratados internacionales. "Los organismos de atención a la infancia funcionan de manera muy disímil y con grandes asimetrías en todo el país. Hay varias provincias en las que aún no funcionan los servicios de protección de derechos locales. Incluso hay lugares como la ciudad de Buenos Aires, donde hemos notado un importante retroceso", explica Hernández.
Colectivo Infancia, conformada por organizaciones sociales de todo el país sostiene que "si bien el funcionamiento del sistema es responsabilidad de cada provincia, creemos que el poder Ejecutivo de la Nación tendría que tener mayor control y participación sobre lo que sucede en estos aspectos en cada provincia. Así como la Nación no se desentiende de la currícula educativa y del Programa Nacional de Vacunación, lo mismo debería suceder en este campo, con por ejemplo, protocolos de actuación unificados en todo el país."
En la misma línea, Sebastián Waisgrais, especialista en Evaluación y Monitoreo de Unicef (www.unicef.org.ar) expresa que "es necesario avanzar en la generación de datos y de registros administrativos continuos que permitan no sólo la rendición de cuentas, sino que mejoren la cultura del monitoreo y la evaluación de las políticas públicas."
En cuanto a los principales desafíos, Unicef opina que la asignación universal por hijo (AUH) -principal política de transferencias monetarias destinada a la población de mayor vulnerabilidad- tuvo impactos significativos en la reducción de la pobreza y, en particular, de la indigencia. No obstante, remarcan que "de acuerdo a registros oficiales, todavía casi un millón y medio de niños no acceden a esta asignación por problemas con los trámites, por no cumplir con la condicionalidad educativa o por vivir en poblaciones aisladas, factores que deben ser tenidos en cuenta para llegar progresivamente a una plena universalidad. El incremento de la cobertura de protección social deberá ocupar el centro de la agenda de la política social", afirman.
DERECHO A SER OÍDOS
En materia judicial, una de las deudas pendientes destacadas por las OSC consultadas, consiste en instrumentar un cambio de prácticas destinadas a garantizar el derecho de los niños a ser oídos. "Cuando un chico que ha sido víctima o testigo de un delito se anima a denunciar, actualmente se ve sometido a situaciones judiciales que convierten su vida en algo horrible durante los siguientes años", explica Sozio.
Reforzando esta mirada, Hernández agrega: "Hoy hay pocos mecanismos, como la cámara gesell (previsto en el Código procesal penal) pero no es suficiente. Por ejemplo hemos tomado conocimiento de numerosos casos de abusos sexuales donde los jueces se dejan llevar por el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) donde suponen que las madres inducen a sus hijos a modificar su testimonio en detrimento del abusador. Los jueces aplican el SAP, en lugar de rescatar el testimonio de los chicos". Con el objetivo de cambiar esta situación, la ADC junto a Unicef realizaron protocolos de intervención para los poderes judiciales de las provincias, en los que incluye puntos tales como por ejemplo qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Además trabaja capacitando a miembros del área de la salud y del ámbito judicial.
Para Colectivo Infancia, en materia legislativa, la gran deuda es la modificación del Régimen Penal Juvenil actual, ley 22.278. "Tuvo numerosos cuestionamientos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos Maldonado, G. Méndez y Arce) y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (caso Bulacio 2003 y Mendoza 2013). Es un régimen penal que permite una gran discrecionalidad y que, por ejemplo, permitió que la Argentina sea el único país de América latina en imponer penas a prisión perpetua. Hoy los chicos pueden ser condenados de 15 a 20 años, lo que nos parece excesivo. Además no tiene previsto mecanismos de justicia restaurativa", explica Hernández, quien agrega que otra deuda de este poder, en lo inmediato, y que ya tiene 9 años de retraso es la designación del Defensor de los Derechos del Niño, previsto en la ley 26.061.
ADC también está trabajando en la concientización y difusión de la situación que enfrentan las el colectivo de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI). Han detectado problemáticas claves que atraviesan los niños y niñas que pertenecen a este grupo social. Dos aspectos de gran relevancia son, por un lado: los niños, niñas y adolescentes transexuales (se da en aquellos casos en los que por ejemplo un niño se auto percibe como niña pero el sexo biológico asignado es opuesto o viceversa). Por otro lado los bebés intersexuales, que son aquellos que nacen con alguna ambigüedad genital (por ejemplo presentan genitales masculinos y femeninos subdesarrollados). La preocupación que manifiesta ADC es la falta de información y capacitación que existe por parte del Estado hacia médicos y padres. "Es fundamental que el Estado genere la información necesaria para que se pueda contar con un estado de situación (en los Estados Unidos se han hecho estudios donde las cifras reflejan que 1 de cada 2000 bebes son intersexuales) y se puedan elaborar las políticas públicas necesarias y protocolos de actuación para garantizar los derechos y el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes LGBTI", opina Carla Peralta de ADC.
De acuerdo a las opiniones de los especialistas, son muchos y grandes los desafíos por delante. Más allá de los avances normativos y jurisprudenciales, el punto clave para lograr transformaciones sobre el modelo de la protección integral de derechos, es concretar en todas las provincias la construcción de un sistema local de protección integral de la infancia.
DESAFÍOS 2015
- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU
- Ampliar la educación básica a jornada extendida tal como lo estableció la Ley de Financiamiento Educativo
- Ampliar la escala del proyecto de "Maternidad Centrada en la Familia" del Dr. Miguel Larguía e implementado en la Maternidad Sardá con énfasis en los aspectos relacionados con la atención de los recién nacidos
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